martes, 7 de septiembre de 2010

POLÍTICA AL MARGEN

*“HUMO BLANCO” EN SAN LÁZARO: LA PRESIDENCIA, AL PRI*AUDITAR GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA DE GOBIERNOS ESTATALES ; PAN

*DEMANDA POR “FRAUDE” A BANORTE

Por Jaime Arizmendi

(AGENCIA NOTISIFA) Aunque en un año todo puede pasar… Luego de intensas negociaciones entre los mandos legislativos, finalmente este domingo se acordó ceder al PRI la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Con 458 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el pleno aprobó que el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín asuma dicho encargo; y que el tercer periodo de sesiones lo suceda un perredista.

Como vicepresidentes van: Amador Monroy Estrada (PRI), Francisco Javier Salazar Sáenz (PAN), José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD); y secretarios: María de Jesús Aguirre, del PRI; María Dolores del Río Sánchez, PAN; Balfre Vargas Cortez, PRD; Carlos Moreno Terán, PVEM; Herón Agustín Escobar García, PT; Cora Cecilia Pinedo Alonso, Nueva Alianza; y María Guadalupe García Almanza, de Convergencia.

El acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación Política consiste en que este segundo año de ejercicio el PRI presida la Mesa Directiva y el PAN la Jucopo. Alejandro Encinas, coordinador de la diputación del PRD consideró que existen las garantías para que los órganos de gobierno se roten para el próximo año legislativo.

Al asumir la presidencia, Ramírez Marín agradeció la confianza y esfuerzo de todos los coordinadores parlamentarios por anteponer la institucionalidad de la Cámara a cualquier otro interés; tras ofrecer que no defraudará esa confianza y que pondrá todo su empeño para que desde la Cámara de diputados “siga latiendo el corazón de México”.

Previo a la votación, la coordinadora de la diputación panista, Josefina Vázquez Mota, reconoció el desempeño de Francisco Ramírez Acuña al frente de la Mesa Directiva, al dirigir los trabajos de manera institucional. Enseguida, el priísta Pedro Ávila Nevárez coincidió respecto al trabajo del legislador jalisciense como presidente de dicho órgano legislativo.

¿Ubicar a mandatarios antidelincuencia?… Al iniciar los trabajos formales del periodo de sesiones, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados refrendó su pleno respaldo a la política del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado; y de inmediato exigió auditar el gasto en Seguridad Pública de gobiernos estatales; y que se identifique cuáles actúan para fortalecer a las corporaciones policíacas y dependencias de justicia de sus estados.

La panista Norma Leticia Salazar Vázquez sostuvo que el Presidente de la República actúa con valor contra el crimen, junto con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad Pública; e hizo un llamado a la unidad “sin colores ni partido político”, donde participen todos los sectores.

Enseguida expuso la decisión de su bancada de superar los temas legislativos pendientes en materia de seguridad: votar una Ley de Seguridad Nacional, una Ley Orgánica de la Armada sobre traición a las fuerzas armadas, sobre derechos humanos, contra secuestro y para implantar la cadena perpetua.

Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, salió al paso para exigir al gobierno federal termine con los señalamientos y suspicacias en torno a que el priísmo tenga alguna vinculación con el crimen organizado. En su posicionamiento ante el IV Informe presidencial, rechazó que la situación de inseguridad se haya creado en jurisdicciones gobernadas por priístas.

Tajante, previno que partidizar el juicio empaña la nitidez con la que de debe actuar en un tema tan delicado, y establece sospecha de posible manipulación política en torno a un asunto que demanda la colaboración de todos los mexicanos para salir adelante.

Incluso reiteró que toda acusación sobre el tema debe sostenerse con pruebas, y si no es así, aceptar que sólo se trata de una intriga para deteriorar más la función pública. Dijo que el PRI está indignado con la violencia, pero alertó que el tema se utilice como centro de atención para no entrar en detalle de los faltantes del gobierno en torno al crecimiento de la pobreza y el desempleo.



Por fraude, prospera demanda contra Banorte… La justicia federal actuará contra principales directivos del banco que compró los pasivos y activos del desaparecido Bancreser, el cual “defraudó” con 58 millones 265 mil pesos, de los de hace tres lustros, a la tlaxcalteca Unión Promotora de Crédito para el Mejoramiento de la Vivienda de Huamantla.

Carlos Aguilar Montes, apoderado de esa asociación civil dio a conocer que el fraude se dio con el incumplimiento de pago de 20 casas, de un total de 85 construidas por la desarrolladora de vivienda con fines sociales, en el proyecto conocido como: Fraccionamiento San Carlos.

El afectado expuso que la Unión Promotora contrató un crédito por dos millones 275 mil pesos modificable a cuatro millones 25 mil pesos. Recursos que permitieron construir 85 casas, pero la constructora no pudo cubrir los intereses que resultaron muy elevados para el objetivo que se perseguía originalmente.

Ante ello, Bancreser y la Unión acordaron saldar la deuda con 65 casas y un terreno de 3 mil 180 metros cuadrados. Se pactó que Bancreser vendería las 20 casas restantes y entregaría el dinero a la Unión en un año, lo cual no se ha hecho desde 1994.

Bancrecer, tras ser adquirido por Banco Mercantil del Norte continuó con la omisión del pago que, a la fecha (ocho años) le ha provocado a la Unión un quebranto por 58 millones 265 mil pesos.

Se dice que desde entonces, la asociación civil emprendió una dura batalla legal hasta demostrar al Juez Segundo de Distrito, Emilio Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala y a la Condusef el “fraude”, por lo que se requirió a Roberto González Barrera, Rodolfo Barrera Villarreal, Alejandro Valenzuela del Río y a Carlos Javier Zambrano de acuerdo a la causa penal 71/2010, pero por extrañas razones la autoridad no atendió la orden judicial.

Peor aún, el banco sigue cobrando a los 20 acreditados las casas, pero no cumple con los pagos a la Unión, de ahí que los afectados demanden el apoyo de la SCJN, la Condusef y la Presidencia de la República para que se ordene una investigación sobre estos hechos. Ante el “fraude”, el patrimonio de las familias está en riesgo, por lo que analizan la posibilidad de presentar denuncias contra la institución crediticia. Pero bien se dice: poderoso justiciero es Don inero…

LA COSA PÚBLICA

*EL PRI Y SUS PREOCUPACIONES INMEDIATAS PARA EL CAMBIO DE GOBIERNO EN QUINTANA ROO…

*FALSO E INÚTIL QUE PRETENDA IR POR BENITO JUÁREZ A ESTAS ALTURAS



Por José Hugo Trejo



(AGENCIA NOTISIFA) Difícilmente podrá el Partido Revolucionario Institucional, PRI, obtener algo positivo de un intento por anular las elecciones en el municipio Benito Juárez, como propagan sus opositores, más que para curarse en salud, para denostarlo más ante los electores cancunenses.



Si no ha logrado ningún triunfo hasta ahora en los intentos por revertir los resultados que arrojó el conteo de los votos del 4 de julio pasado, en aquellos espacios en los que la diferencia en su contra fue más reducida que la que prevalece en Benito Juárez; poco puede esperarse de una impugnación en la que se quiera repetir la elección que ya ganó el perredista Julián Ricalde Magaña.



Más que en recuperar la Presidencia Municipal de Benito Juárez mediante una segunda elección que muy difícilmente le concedería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Trife, al PRI en Quintana Roo se le ve más preocupado por conservar el número de diputados que tiene hasta ahora para la futura XIII Legislatura del Congreso del Estado y en no perder un municipio más en los tribunales, como es el caso del de Tulum, que ganó con escaso margen y que por eso le fue impugnado ante los tribunales electorales.



Al igual que el municipio de Tulum, cuya definición final depende del Trife, la diputación correspondiente al VI Distrito, también pende de tan sólo dos votos a favor del PRI, lo que mantiene nerviosos a los dirigentes estatales del tricolor mientras que a los priistas morelenses los mantiene en vilo y divididos entre los que quieren que su correligionario Juan Parra López conserve la diputación y los que prefieren que la pierda por haber sido factor decisivo en la derrota de su candidato a la presidencia municipal, Froylán Sosa Flota.



De ahí pues que el priismo quintanarroense esté más preocupado en conservar las posiciones obtenidas con pequeñas diferencias de votos tras el conteo del 4 de julio pasado, que en obtener por la vía de los tribunales alguna de las que perdió; sobre todo después de que la que buscó recuperar, la del Distrito XI, le fue denegada por los magistrados de la Sala Regional del Trife en la ciudad de Jalapa, Veracruz; no obstante la sustentación tan profusa que hizo de su impugnación.



Y si ni siquiera intentó con la seriedad debida revertir los resultados de la elección municipal en Felipe Carrillo Puerto, donde su candidato Pedro Pablo Poot, aseguraba contar con los elementos suficientes para imponerse en un recuento de votos al presidente municipal electo Sebastián Uc Yam, mucho menos podrá hacer algo serio el PRI en contra de los resultados que obtuvo el candidato perredista Ricalde Magaña en Benito Juárez.



Claro que en Felipe Carrillo Puerto, son ya muchas las voces que señalan al presidente municipal Valfred Cetz Cen, como el factor principal de las dos derrotas que sufrió el candidato priista a sucederlo: la primera cuando enderezó a toda la estructura política carrilloportense a favor de su candidato a diputado local y le regateo cualquier apoyo a Pedro Pablo Poot; y la segunda, al obstaculizar, con un grave manoseo electoral, la impugnación que éste último intentó realizar para recuperar en los tribunales electorales la posición que en el conteo de votos del 4 de julio ya había perdido frente a la “estrellita” con que la coalición opositora gobernará a los carrilloportenses los próximos dos años y medio.



Por eso podemos decir con seguridad que el presidente electo de Benito Juárez, Ricalde Magaña, está más tranquilo y seguro en su posición, que lo que está el priismo de las que hasta ahora mantiene bajo su control para la renovación de poderes y gobierno el próximo año. Lo demás son elucubraciones sin sentido y amenazas con el petate del muerto…

BOLETIN INFORMATIVO

*INNUMERABLES CUESTIONAMIENTOS AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO,



Por FRANCISCO ROBLES R.



(AGENCIA NOTISIFA) Con motivo del cuarto informe de gobierno del Presidente Calderón, es necesario reflexionar sobre los problemas que actualmente padece el país y sobre los cuales verdaderamente se necesitan explicaciones justificadas de por qué no podemos superar los innumerables problemas que aquejan al país, señaló Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Presidente Nacional de la Fundación.

El dirigente priista considera que si todo va bien y estamos en la línea correcta de la recuperación, como advierte el Jefe del Ejecutivo, entonces por qué la economía no genera los empleos que se requieren, por qué hay más desigualdad, por qué hay cada día más violencia, por qué la educación esta cada vez peor calificada, por qué las expectativas de mejora social no satisfacen a nadie, entre otros muchos cuestionamientos.

Destacó que existen 2.5 millones de mexicanos sin empleo y más de 12 millones de personas que integran el sector informal. Somos el país de América Latina que más gente ha sumado al sector informal de la economía. Hoy 26 millones de mexicanos viven en pobreza extrema.

En materia de seguridad, dijo, en la administración del Presidente Calderón van más de 28 mil ejecuciones, aunado a esto, los secuestros y extorsiones siguen en aumento

El desempeño educativo es muy bajo frente a otros países. Poco se hace por mejorar la calidad de la educación que es uno de los más importantes detonadores del desarrollo y vital para atenuar las brechas de desigualdad que hoy existen en México, en donde el 10% de la población concentra el 40% de los ingresos totales, puntualizó.

Para Marco Bernal todavía falta mucho por hacer para que este país camine con visión hacia un futuro prospero para todos los mexicanos, un futuro en el que el desarrollo sea un derecho y los mexicanos puedan contar con las garantías mínimas de seguridad, educación, salud, empleo y vivienda de calidad.